El Gobierno Bolivariano rechaza la renovación, por quinto año consecutivo, de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) que la Unión Europea (UE) ha impuesto al país caribeño desde el año 2017.
“Las Medidas Coercitivas Unilaterales aplicadas ilegalmente por la Unión Europea de forma premeditada, castigan y violan masivamente los derechos humanos del pueblo venezolano, ya que sus consecuencias indirectas terminan por limitar el acceso a alimentos, medicinas, insumos primarios, maquinarias, repuestos y equipos necesarios para garantizar derechos fundamentales y asegurar el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad”, reza un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web.
La UE “pretende insistir en una estrategia completamente errónea”, con la que no ha logrado, en los últimos cinco años, “cumplir su objetivo de derrocar al Gobierno Bolivariano ni apartar a nuestro pueblo del rumbo político consagrado en nuestra Constitución”, agrega el texto.
El anuncio de la renovación de sanciones lo realizó el ente europeo el 11 de noviembre, mismo día que se realizaban en París, reuniones exploratorias para reanudar el diálogo entre el Gobierno Bolivariano y sectores opositores. Estos encuentros se realizaron a propósito del Foro por la Paz, y avalados por el presidente francés Emmanuel Macron.
Por esta razón, la decisión de la UE “es incoherente y constituye una bofetada a la iniciativa francesa denominada Foro por la Paz”.
“El Pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela insistirán en continuar la defensa de nuestra soberanía, en base a nuestros principios constitucionales, reafirmando en todo momento nuestra independencia conquistada ya hace más de 200 años”, concluye el texto.
Luego de visitar al país durante dos semanas en 2021, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, detalló cómo estas ilegales medidas punitivas impuestas tanto por la UE como por EEUU han afectado la calidad de vida de los venezolanos.
“El efecto devastador de las sanciones impuestas se multiplica por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento que afectan negativamente a los sectores público y privado, a los ciudadanos venezolanos, a las organizaciones no gubernamentales y a las empresas de terceros países”, dijo Douhan en aquella oportunidad, y agregó que “las exenciones humanitarias son largas, costosas, ineficientes e ineficaces”, señaló la experta.
“La falta de maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gasolina, alimentos y medicinas, la creciente insuficiencia de trabajadores calificados, muchos de los cuales han abandonado el país en busca de mejores oportunidades económicas, en particular personal médico, ingenieros, maestros, profesores, jueces y policías, todo ello tiene un impacto enorme en todas las categorías de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo”, explicó la relatora.
Sin embargo, a pesar de las 927 MCU, Venezuela mantiene una fuerte inversión social en las áreas afectadas, y sostiene su disposición al diálogo con todos los sectores internos y externos para preservar la paz y dirimir diferencias.