El pasado 22 de octubre, el sector más radical de la oposición realizó unas supuestas primarias, en las que presuntamente salió electa (con un dudoso 92% de los votos) la vocera ultraderechista e inhabilitada María Corina Machado, empresaria y representante de la más rancia oligarquía venezolana, quien ha pedido insistentemente a Estados Unidos (EEUU) “sanciones” e invasión militar contra Venezuela.
Por su falta de transparencia y marcado ventajismo hacia la aspirante “ganadora” – irregularidades denunciadas por los mismos pre-candidatos-, el diputado opositor José Brito introdujo un recurso ante el Ministerio Público (MP), ente que decidió abrir una investigación contra la directiva nacional y regionales de la llamada “Comisión Nacional de Primarias”, así como a la “ONG” Súmate, “asociación civil” fundada por Machado que también organizó los falsos comicios. La fiscalía activó una investigación por la sospecha de que incurrieron en los delitos de usurpación de funciones electorales y de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Los medios opositores e influenciadores de las redes digitales se encargaron de denunciar una supuesta “persecución” gubernamental en contra de los directivos de dicha comisión (Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul), y de sus representantes regionales pero, de forma sospechosa, omitieron a los dirigentes de Súmate, organización que lleva más de 20 años en el escenario político, y de la cual casi nada se sabe desde hace un tiempo. Pero, ¿de quién es esta “ONG”, cuándo nació, a quién sirve, quiénes son sus fundadores y qué hacen actualmente?
Súmate ligada siempre al golpismo
Súmate nació en el año 2002 como una “asociación civil” que busca “construir democracia”. Entre sus “principios democráticos”, – tal y como reza su página web- están los de velar por la “transparencia electoral”, y promover el “respeto a la libertad de expresión” y “al Estado de derecho”.
Sin embargo, la realidad dista mucho de eso. Esta organización fue fundada por la empresaria María Corina Machado y Alejandro Plaz, ambos ingenieros. Desde sus inicios, Súmate ha recibido financiamiento foráneo y se ha dedicado a promover la desestabilización política e injerencia contra el país, y, en un intento de usurpar al Poder Electoral, se dedica a sembrar dudas a la confiabilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Su historial de saboteo, desestabilización, y golpismo es bastante extenso. Los directivos de Súmate – entre ellos Machado y Plaz- fueron en 2002 uno de los impulsores del golpe de abril de ese año en contra del entonces presidente Hugo Chávez. En la breve dictadura de Pedro Carmona, Machado firmó el Decreto Carmona, un documento írrito que disolvió los poderes y fue base para delitos de lesa humanidad, como asedio, persecución y asesinato político en contra del pueblo. Aunque ella niega constantemente que no rubricó dicho papel, existen imágenes ampliamente difundidas que rebaten su versión. Por atentar contra el hilo constitucional, el Poder Judicial le abrió una investigación que fue desactivada por una amnistía que le emitió el presidente Chávez en 2008.
Machado y Plaz también fueron promotores del paro petrolero entre 2002-2003 que causó 20 mil millones de dólares en pérdidas a la República. Ambos se encargaron, a través de Súmate, de incentivar la destrucción del corazón económico del país con la intención de derribar al Gobierno Bolivariano.
En el 2004, el entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, demostró que la organización opositora recibió y utilizó recursos que le transfirió la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), institución estadounidense creada en 1983 para fomentar la injerencia imperial en varios países, a través de supuestas “ONG”, como Súmate. El objetivo final de la NED es socavar a gobiernos soberanos que no le sirven a los intereses de Washington.
Frente a ello, el MP – a cargo de la hoy derechista y prófuga Luisa Ortega Díaz- inició en 2005 una investigación tanto a Plaz como a Machado por el írrito financiamiento, traición a la patria y conspiración, procedimiento que llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que suspendió el debido proceso al año siguiente por “violaciones al debido proceso”, según reseña LaTabla.
Fiel a la genocida McKinsey & Company
Aunque el rostro más visible de Súmate ha sido Machado, no fue precisamente ella la agente de la supuesta “ONG” más comprometida con la Casa Blanca. Plaz, quien años después formó parte del ilegal gobierno paralelo de Juan Guaidó, ha figurado también como el directivo de Súmate clave para el imperialismo.
Formado en la Universidad Simón Bolívar, Plaz realizó estudios en universidades selectas de EEUU. Durante 23 años y antes de fundar Súmate, prestó sus servicios en Venezuela a la consultora McKinsey & Company, corporación conocida por su carencia de ética que raya en actos genocidas.
Un artículo del 2022 publicado en The Washington Post afirmaba que la consultora, en ese momento, prestaba sus servicios a 90 de las 100 corporaciones más grandes del mundo, además de a una gran cantidad de gobiernos e instituciones prominentes. El medio señalaba que, para ese entonces, McKinsey generaba ingresos por más de 10.000 millones de dólares anuales.
El escrito refiere una investigación realizada por los periodistas Walt Bogdanich y Michael Forsythe, quienes develaron la doble moral que ha caracterizado a McKinsey desde hace décadas, incluso en momentos en los que Plaz trabajaba en ella.
Esta empresa se ha encargado en EEUU de promocionar iniciativas para la reducción de carbono a la vez que tenía, secretamente y durante años, a clientes que incluía al menos a 43 grandes contaminadores de carbono. De igual forma, mientras la consultora ayudaba a las empresas tabacaleras a defenderse de las regulaciones en EEUU, McKinsey asesoraba a los proveedores de salud que se enfrentaban a las consecuencias del tabaquismo.
El caso más sórdido en el abultado expediente de esta corporación – que está salpicada también por la estafa de la compañía Enron- fue su actuación en la crisis de los opioides.
Según los periodistas, McKinsey asesoró a Purdue Pharma para acelerar las ventas de OxyContin, marca comercial de la oxicodona, un potente opioide diez veces más fuerte que la heroína. Ellos aconsejaron a los ejecutivos de Purdue a concentrarse en “pacientes con alto riesgo de abuso”, e instar a los proveedores de atención médica a aumentar las recetas, revelan Bogdanich y Forsythe. En un momento dado, idearon un plan para emitir reembolsos a las farmacias por cada “sobredosis de OxyContin atribuible a las píldoras que vendían”. McKinsey hizo todo esto mientras asesoraba a la Administración de Alimentos y Medicamentos, institución que luchaba para frenar esta epidemia alentada por McKinsey que provocó la muerte de casi 400.000 personas entre 1999 y el 2017, y que fue generadora en parte de la grave crisis de fentanilo.
Robando y alentando invasión
A efectos legales, Plaz y Machado están apartados de Súmate aunque mantienen fuertes vínculos con ellos y con actividades turbias contra la Patria. Recientemente Plaz fue el “Comisionado Especial para el Desarrollo Económico” en el ficticio gobierno del prófugo Guaidó. Además, según indica La Tabla, fungió como coordinador del “Consejo de Administración del Gasto” que sirvió para saquear y robar millonarios recursos públicos de los venezolanos congelados en el exterior.
Por su parte, María Corina se ha dedicado a alentar la injerencia y ataque imperial contra Venezuela. En 2005 viajó a la Casa Blanca a rogarle al entonces presidente George W. Bush un plan militar contra Venezuela. En 2010 fue electa diputada a la Asamblea Nacional a través del sistema electrónico del CNE que tanto objeta. Siendo legisladora, aceptó otro cargo por el gobierno de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que contravino las leyes venezolanas. En 2015, tal y como le fue notificado en su momento, el Poder Ciudadano (específicamente la Contraloría) la inhabilitó para ejercer cargos de elección popular por 15 años, debido a actos que “atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”, reza un documento oficial. Además, el ente contralor la vincula con la “trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Gerardo Guaidó Márquez”.
Recientemente su inhabilitación fue ratificada por el TSJ, y, a pesar de ello, Machado promueve la tesis en pequeños grupos de que es “la elegida”, por tanto sigue moviendo los hilos para intentar promover la zozobra en un escenario preelectoral en Venezuela.
