El paro nacional convocado desde el pasado 13 de junio por el movimiento indígena en Ecuador está poniendo en jaque el orden neoliberal bajo el mandato presidencial de Guillermo Lasso. Las manifestaciones populares, que involucren a diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana, exigen reformas sociales y económicas que aún son desoídas por el gobierno.
Ya han sido varios los escenarios de diálogo establecidos con la administración de Lasso que no han dado los frutos esperados, y más bien la economía golpea con mayor ahínco los bolsillos de las mayorías. El banquero presidente ha preferido los bombos y platillos mediáticos de supuesto diálogo que las acciones contundentes a favor de la agenda de demandas y por eso se ha visto enfrentado a una población que en estos momentos pide su destitución.
Tanto la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) como la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), la Federación Nacional de Campesinos (Fenoc) y la Federación de Indígenas del Ecuador (FEI) rechazan los intentos del gobierno por volver a mostrar buenos oficios que no llevan a nada.
Es por ello por lo que no han levantado el paro, mostrando músculo social e incluso político en las principales calles ecuatorianas como en 2019, cuando la Conaie lideró una ola de protestas contra la presidencia de Lenín Moreno que consiguió paralizar la eliminación de los subsidios a la gasolina mas obtuvo una decena de muertos y más de 1 mil 500 heridos producto de las tácticas de contrainsurgencia aplicadas por los aparatos de seguridad.
De esta manera, se hace evidente que el movimiento indígena ecuatoriano es el único a nivel nacional capaz de paralizar el país, con cierto éxito político en el pasado. En la actualidad, está desnudando la incapacidad de Lasso de llegar a acuerdos verosímiles y las ganas de esta administración de terminar a los golpes la manifestación popular.
El momento neoliberal por el que está atravesando Ecuador deja mucho que desear a la población, sobre todo a los sectores más precarios en condiciones de vida. Misión Verdad recopiló los siguientes datos económicos-sociales durante la era Lasso:
- Reducción del gasto en servicios públicos y de las políticas sociales como la salud pública que, en plena pandemia, fue reducida 7,99% en comparación con 2019.
- Aumento de la pobreza por ingresos de 25% en diciembre de 2019 a 32% en diciembre de 2020, lo cual comienza a recuperarse tímidamente en 2022.
- En 2019, la emigración aumentó 4,62%, y en 2021, las remesas exteriores aumentaron 31%.
- La emigración (+4,62%) y las remesas desde el exterior (+31%) aumentaron a cifras de 1998, desde entonces no se vivía una ola migratoria tan importante.
- Aumento de la tasa de homicidios a 13,13 por cada 100 mil habitantes, el peor índice de los últimos 10 años, y en abril pasado se doblaron las cifras respecto al año anterior.
Jacobin, ante la presente crisis, añade: “Al tiempo que la sociedad se empobrece (1/3 de los ecuatorianos son pobres) y se sume al desempleo o al trabajo precarizado, al tiempo que las mayorías ya no cuentan con seguridad social y que los jóvenes no logran acceder a la universidad, que los sectores populares viven de remesas familiares (solo en el primer año del gobierno de Lasso salieron del país aproximadamente 91 mil personas) y que las clases medias deben pagar más impuestos, los grupos de poder gozan de la exención del impuesto a la herencia y de facilidades para fugar su capital en paraísos fiscales”.
Este escenario se une a las demandas de cese de las concesiones mineras y petroleras en territorios indígenas. Para octubre de 2018, a nivel nacional, 385 mil 487 hectáreas de territorio indígena estaban siendo afectadas por dichas actividades. Las organizaciones de los pueblos originarios en Ecuador, además, exigen la remediación absoluta e inmediata del territorio de las nacionalidades indígenas contaminadas desde hace 50 años.
La agenda indígena es extensa y está aunada a las exigencias generales del pueblo ecuatoriano en protesta actualmente. Por ejemplo, el tema de la seguridad también ha sido una urgencia con el crimen organizado (sobre todo el narcotráfico) tomando el control de la violencia en distintas zonas del país.
Atentados explosivos, extorsión y amenazas, masacres por disputas entre narcobandas, entre otros episodios recientes, han mantenido en vilo a la población. No en balde se pide al gobierno mayor celeridad en el asunto, más allá de los estados de excepción decretados por el ejecutivo que no han surtido el efecto deseado por las mayorías.
A las diez demandas transmitidas por la Conaie a la administración actual, se unen los pedidos de destitución presidencial de algunos sectores, que en el Congreso ha encontrado fuelle en el lawfare en curso, sin éxito hasta los momentos.
Ecuador tiene una tradición en las décadas recientes de destitución presidencial en crisis política agudas. En 1997 y los años 2000 y 2005 estuvieron atravesados por episodios contenciosos y de movilización social que terminaron en caídas de la figura presidencial, enmarcados discursivamente por una aversión a la clase política y en especial en torno al presidente.
De igual manera se repite la historia en estos momentos en Ecuador. De acuerdo a una encuesta de mayo hecha por la empresa Ciees, siete de cada diez ecuatorianos desaprueban la gestión de Guillermo Lasso. El repudio es mayoritario y esta crisis, que ha trascendido de lo político y económico a lo social, tiene un matiz destituyente como en anteriores años.
Por los momentos, los intentos de destituir al banquero presidente por la vía parlamentaria no ha tenido el suficiente quórum de votos a favor. Y, por cómo soplan los vientos de la represión (un saldo momentáneo de cinco muertos y más de 400 heridos), Lasso no parece querer soltar el poder a pesar de que se rompe el orden del embudo neoliberal al que somete a la mayoría de la sociedad y la conduce al caos y la violencia.
Ecuador está en una encrucijada, y la solución política parece lejos de concretarse.
