Desde hace más de 100 años, los habitantes de Cataluña, región que se ubica al oriente de España, han tenido un alto sentido de autonomía e independencia.
Esta región ha sido objeto de ataques y señalamientos por querer asumir las riendas de su destino. Han sido varios los sectores políticos de España que han condenado la autodeterminación de Cataluña, que van desde los moderados hasta los más conservadores y extrema derecha pro franquista, aliados a la corona de ese país.
En septiembre del 2017, el Parlamento catalán aprobó la Ley 19/2017 que estipulaba la realización de un referéndum que abonaría el camino a la independencia de esta región.
A pesar de que la Corte Constitucional declaró nula la ley, la consulta se hizo el 1ero de octubre. En ella participó casi la mitad de la población y ganó la opción pro soberanía. Ese día, el Gobierno central envió 6.000 agentes represivos, lo que provocó fuertes disturbios y más de 800 heridos y detenidos.
En medio de la represión de las fuerzas gubernamentales y de la Corte Constitucional – que declaró ilegal la consulta- el Parlamento declaró la independencia de Cataluña. Esta acción provocó que el Gobierno, presidido por el derechista Mariano Rajoy, disolviera el Poder Legislativo catalán y activara una persecución judicial y política en contra de 12 funcionarios, a quienes se les violentaron sus derechos, tal y como determinó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
El comité determinó que a estos funcionarios se les violentaron sus derechos políticos al ser suspendidos de sus funciones antes de ser condenados.
La declaratoria del consejo se da luego de una petición firmada e introducida a la instancia por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, y tres exconsejeros, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull.
Junqueras y los tres políticos fueron procesados, junto con otros líderes, por el delito de supuesta “rebelión” y en julio de 2018 fueron suspendidos de sus funciones como parlamentarios.
Durante su detención, considerada por el pueblo catalán como ilegal, los cuatro exdiputados presentaron su caso ante el comité, al que alegaron que su suspensión de funciones públicas, antes de cualquier condena, violaba sus derechos políticos en virtud del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .
En 2019, el los tribunales condenaron a los políticos por sedición y no por rebelión. Todos fueron indultados posteriormente en 2021.
El Comité consideró – según informa la instancia en su página web- que la decisión de imputarlos por el delito de rebelión, que condujo a su suspensión automática antes de la condena, no era previsible y, por lo tanto, “no se basaba en motivos razonables. y razones objetivas previstas por la ley”.
Esta instancia da a España “180 días para que comunique cómo reparará a los afectados y para que se adopten medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”, cita RT.
Carles Puigdemont, el principal promotor del referéndum, celebró el dictamen, y lo calificó de “otra bofetada de Naciones Unidas a la cara del Estado español”. El hoy exiliado afirmó que “los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia y deberían de asumir responsabilidades”.
Intereses económicos
Desde hace varias décadas los intentos separatistas catalanes han cobrado fuerza. Algunos economistas alegan que el principal motivo, además de un fuerte arraigo nacional, es económico. Según el gobierno catalán, su región aporta a las arcas españolas más de lo que recibe a cambio.
De consumarse este hecho, España le tendría que decir adiós al 19 % de su PIB, perdería 70.300 millones de euros de sus cuentas y el 18,4% de sus empresas, dice la BBC.
Con la independencia de Cataluña, España también perdería una región próspera en turismo, tecnología, innovación y cultura. Asimismo, se quedaría sin los principales puertos marítimos hacia el Mediterráneo: el de Barcelona – que recibe a millones de turistas- y el de Tarragona, en donde se encuentra la mayor red de industrias químicas del país.
Boicot contra la independencia
Pero cada vez que se asoma o intenta prosperar la independencia de Cataluña, sus habitantes afrontan un boicot por parte de grandes empresas.
Así pasó en 2004, cuando un líder de un partido independentista hizo declaraciones contra la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012, refiere el medio británico.
Ante esto, el resto de España promovió un boicot en contra del vino de cava, un vino espumoso típico de Cataluña.
En vista de esto, la empresa Codorniu, líder en ramo, trasladó su sede social fuera de región catalana y Freixenet convocó, en aquella oportunidad, una reunión para tomar una medida similar.
Durante los 19 días posteriores al referéndum del 1 de octubre, 917 empresas retiraron su sede social de Cataluña, según los datos del Colegio de Registradores de España, consultados por la BBC.
