La derecha política busca siempre conquistar todos los espacios que le sean posibles, con el fin de beneficiar a las oligarquías sin importar el bienestar de los pueblos. Estos grupos no solo están presentes y se organizan en ámbito nacional, sino que también a escala estatal y regional. Uno de sus puntos claves en nuestro continente, es la norteña provincia argentina de Jujuy, al límite con Bolivia.
Desde hace un par de años esta región es gobernada por el derechista Gerardo Morales, quien también busca ser candidato presidencial en los comicios del 2024.
En Jujuy, desde hace semanas, maestros de escuela mantienen un paro regional y han salido a las calles de San Salvador de Jujuy, capital regional, a protestar por salarios dignos. Las demandas de los educadores jujeños han tenido eco en otras agrupaciones gremiales y del magisterio nacional, quienes se han movilizado en varias partes del país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires. A medida que pasaron los días, varios sectores se fueron sumando a las marchas en rechazo a las políticas e ineficaces ofertas de Morales, quien, a su vez, promovía una reforma a la Constitución local, a través de una Convención Constituyente, con la que intenta concentrar más poder y arrebatar derechos fundamentales a la población, en especial a los pueblos originarios.
Luego de varias semanas de protestas, fuertemente reprimidas, la Convención Constituyente – compuesta por 48 convencionales- aprobó, durante la madrugada del viernes 16 de junio, la antipopular reforma parcial.
Mientras se daba el debate exprés, multitudes de jujeños se concentraron en las calles y avenidas en San Salvador, cerca de la Legislatura para ratificar su rechazo a la modificación del Texto Fundamental.
Estos movimientos sociales condenan que la propuesta de Morales – que no fue aprobada del todo y recibió el respaldo unánime de 40 de los 48 legisladores (sin la izquierda agrupada en seis que renunciaron y dos que se ausentaron, como forma de protesta)- restringe la libertad de protesta y arrebata el derecho milenario de los pueblos originarios a sus tierras, entre otros factores.
A pesar de todas las marchas, manifestaciones y campañas, Morales y la derecha local siguieron adelante con la modificación, y dieron marcha a este proyecto de forma expedita y de espaldas a las solicitudes de la mayoría.
Como era de esperarse, el zarpazo del gobernante provocó una oleada de nuevas protestas en las calles que se fueron intensificando por varias regiones, y otras partes de la geografía argentina. Varias de las manifestaciones – en su mayoría en Jujuy- incluyeron parcantazos, marchas y cortes de vías. Ante esto, Morales decidió responder el sábado, un día después de la aprobación, con una fuerte represión y autorizó a la policía a usar toda la brutalidad contra los manifestantes.
Los medios locales y organizaciones políticas denunciaron la violencia desmedida por parte de los agentes enviados por Morales, así como se registraron detenciones arbitrarias, incluso detonación de balas de goma a pocos metros en la cara de ciudadanos (incluso menores de edad), tal y como hicieron los carabineros de Chile durante el estallido social del 2019, en el que más de 400 víctimas perdieron total o parcialmente la vista.
Sin embargo, y tras 48 horas de protestas y violencia policial, Morales se vio obligado a suspender momentáneamente dos artículos del nuevo texto aprobado que tienen que ver con la tenencia de la tierra por parte de los pueblos indígenas. Estos ítems pasarán a consideración y discusión en debate con comuneros y pobladores originarios. No obstante mantuvo firme el artículo que violenta la libertad de manifestación.
En una rueda de prensa, el gobernador acusó, sin pruebas, a la organización La Cámpora – que está asociada al kirchnerismo- a la izquierda y a Milagro Sala, líder indígena presa luego de haber sido víctima de persecución judicial por parte de Morales.
Todo este panorama posiciona a Jujuy en el centro del debate de las consecuencias del avance de la derecha en la región, especialmente en Argentina, país que el próximo año escogerá a un nuevo mandatario o mandataria; y en medio de un lawfare que lleva adelante la oligarquía en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
¿Qué se aprobó en Jujuy?
El punto más álgido de la reforma de Morales es la restricción a la libertad de manifestación, un derecho constitucional; y el ahora derogado arrebato de tierras milenarias a pueblos indígenas, que violentaba los derechos humanos a este sector.
Desde que es gobernador, en 2015, Morales se ha propuesto a controlar todo accionar de los movimientos sociales, denuncia Penélope Vaca Ávila, analista político en un artículo publicado en la página web de la Universidad de San Martín.
“Durante sus dos mandatos, (Morales) mantuvo un enfrentamiento con la líder de la organización Túpac Amaru, Milagro Sala, alentando modificaciones en el poder judicial que le permitieron desencadenar un entramado de acusaciones consecutivas contra varios dirigentes sociales”, recuerda la investigadora.
Usando el eufemismo de “paz social” en la reforma, el gobernador elevó a rango constitucional provincial la prohibición de algunas expresiones de la protesta (cortes de calles y de ruta), lo que provocaría el enjuiciamiento de quien por acción u omisión aliente supuestamente a vulnerar o vulnere la convivencia.
Bajo esta política represora actuó Morales contra las manifestaciones en Purmamarca, a 65 kilómetros de San Salvador, en el mismo Jujuy. Según la prensa local, las fuerzas policiales intentaron callar las voces que piden la derogación de la ley y renuncia de Morales que ahora retumban en toda la provincia.
Fiebre del “oro blanco”
En esta localidad también se registran cortes de vías de agrupaciones de pueblos originarios – que constituyen el 60% de la población de Jujuy-, víctimas de desalojos arbitrarios de sus tierras, muy ricas en litio, debido que la nueva reforma de Morales buscaba acentuar este problema. El texto fundamental les pedía titularidad de estos espacios que han sido históricamente heredados y son ocupados, cada vez más, por grandes corporaciones de la minería.
Desde el 22 de mayo, líderes indígenas vienen organizando marchas y se han sumado a los maestros en contra de las pretensiones de Morales. “Están eliminando de la Constitución anterior muchos derechos”, alertó al medio Presentes Verónica Chávez, presidenta de la Comunidad Tres Pozos, del Pueblo Kolla, uno de los que participó en una larga caminata hasta la capital provincial San Salvador, para pedir la derogación de la reforma.
Los voceros y lideresas de estas comunidades rechazan que los políticos pacten leyes, sin consulta, que terminan socavando su bienestar y subsistencia.
“Estamos en contra de la reforma inconstitucional que a puertas cerradas Gerardo Morales y la ministra Natalia Sarapura hicieron en contra de los pueblos indígenas. No hubo una consulta previa, libre e informada, como tiene que ser. Por eso los hermanos estamos marchando en contra de eso y a favor de los docentes de Jujuy”, expresó al mismo medio la mburuvicha Gabriela Situé.
Jujuy es parte del Norte Grande Argentino una de las regiones de Suramérica más ricas en cobre y litio. Los pueblos ancestrales alertan que detrás de estos recursos, especialmente del litio, llamado “oro blanco”, están las ansias extractivistas de las trasnacionales de tecnología, ya que este es usado para hacer las baterías que le dan vida a los autos eléctricos y teléfonos celulares.
A principios de marzo, el gobernador Morales venía asomando sus planes corporativos que favorecen a la oligarquía local. En un evento en Buenos Aires estimó que las exportaciones de litio jujeño para el 2023 se estiman que cierren en 3.500 millones de dólares; y proyectó que entre las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy alcancen los 10.000 millones de dólares en los próximos años.
“Hay petroleras nacionales muy importantes que van a hacer inversiones relevantes y van a empezar a explorar en Jujuy”, llegó a decir el gobernador, citado por Ámbito.
De esta forma, Morales pretende arrebata las tierras a los indígenas y, a su vez, les restringe, con amenaza de cárcel, cualquier medio de protesta.
La lideresa Verónica Chávez recordó que varias comunidades vienen desde hace tiempo luchando contra este crimen y resistiendo el avance de la minería del litio. “Hicimos notas, hicimos demandas ante la Corte Suprema (de Justicia de la Nación), todo, pero igual nos siguen violando nuestros derechos” y ahora con la reforma provincial, “nos quitan todos los derechos, no podemos protestar, no podemos hacer nada”, cita Presentes.
“Aquí tenemos una economía que nuestros abuelos han vivido y nosotros también estamos viviendo y queremos dejar el territorio sano como dejaron nuestros abuelos, como lo encontramos, para nuestras generaciones que vienen, con agua limpia, y esa es la lucha que venimos teniendo”, dijo al referido medio.
Activistas de los derechos humanos, así como movimientos políticos rechazaron la fuerte represión registrada el sábado 17 de junio, en el que resultaron más de 80 personas heridas y 27 detenidas, entre ellos la legisladora provincial del Frente de Izquierda Unidad, Natalia Morales, quienes fueron liberadas después.
Los pobladores, comuneros, luchadores de derechos humanos, maestros y trabajadores de este territorio alegan que Jujuy es una provincia rica pero llena de pobres y excluidos. Las grandes riquezas se las llevan las multinacionales de la minería, todo por la acción y atropello de gobernadores como Morales, que, bajo esta óptica, pretende gobernar a toda la Argentina.
