El presidente de Argentina, Alberto Fernández, denunció hace una semana que fue amenazado de muerte – hecho que se investiga- y que grupos de odio colocan bolsas que simulan cuerpos alrededor de la Casa Rosada, como una forma de intimidación.
En un programa de radio, el mandatario condenó el discurso de odio que alimentan varios líderes políticos y medios de comunicación en sus páginas y redes digitales, que han fomentado el incremento de la violencia política.
Los líderes extremistas, agrupados en la derecha, “están cometiendo el delito de incitación a la violencia e intimidación pública, lo cual es tipificado en el código penal, pero no hay fiscales que hagan algo. Hay que terminar con esos discursos que muchas veces son justificados por algunos medios de prensa”, agregó Fernández en aquella oportunidad.
Y en efecto, el discurso de odio ha calado. Una muestra de ello ha sido el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner registrado en horas de la noche de este 1ero de septiembre. Un hombre, de 35 años, intentó accionar un arma en contra de la líder peronista cuando esta llegaba a su casa y saludaba una multitud que la apoya por el lawfare del que es víctima.
Un estudio, publicado en la revista Comunicar, develó que las redes se ha convertido en un instrumento de promoción de discurso de odio de la ultraderecha.
El trabajo, titulado “Discurso político de odio de la ultraderecha desde Twitter en Iberoamérica” y publicado en julio del 2022, advierte que detrás de las cuentas que cuestionan y tachan a un político o líder que se identifique con el progresismo hay una fuerte campaña de financiación.
“Los discursos políticos de odio parece que no tienden a surgir de forma espontánea y aleatoria, sino que muestran una clara intencionalidad política, impulsados por ciertos sectores con la finalidad de desestabilizar a gobiernos democráticos o figuras públicas representativas de ellos. Emergen y son impulsados por colectivos minoritarios pero poderosos (…) muy relacionados entre sí y con fuentes de financiación muy potentes”.
El trabajo analiza campañas de odio en Twitter en varios países como Venezuela, México y Argentina. Estas- alerta el texto- “siguen una pauta de difusión de mensajes muy marcada, actuando como una especie de milicias digitales, que incluso intentan señalar y perseguir online a quienes cuestionen las ideas que difunden”.
Estas campañas, que tienen calada entre la población más joven, “se disfrazan como pretendidas noticias reales, sin ofrecer fuentes fiables”, arroja la investigación.
El fin es “crear la ilusión de falsos enemigos o peligros, y que la población vea como amenazas las propuestas ideológicas y políticas asociadas a grupos, gobiernos y colectivos políticos y sociales progresistas, de izquierda o que defienden derechos humanos. Para ello, se crean los denominados ‘diccionarios metapolíticos’ para imponer una determinada visión política muy sesgada, con términos agresivos y despreciativos continuamente repetidos como ‘criminal’, ‘fascistas’, ‘comunista de mierda”, concluye la información.
El lenguaje agresivo de la ultraderecha “contribuye a polarizar emocionalmente frente al ‘otro’, generando un clima de confrontación, miedo, crispación y permanente conflicto”.
Uno de los casos abordados en el trabajo mencionado fue el discurso de odio que se promovió en Twitter en contra de Cristina Fernández de Kirchner en septiembre de 2020.
Pero no ha sido desde ese año que los grandes medios han vertido esta campaña en contra de la actual vicepresidenta y su difunto esposo y expresidente, Néstor Kirchner.
Medios como La Nación y el Grupo Clarín han sido las principales corporaciones que alientan este tipo de odios.
El canal Todo Noticias – del Grupo Clarín- colocó en su cuenta de Twitter un video que intenta subestimar el intento de magnicidio en contra de la expresidenta. Los seguidores del canal reaccionan y aseguran que todo se trata de “un teatro”.
El grupo Clarín, así como sus empresas afiliadas, le han dedicado portadas y espacio en contra de la líder de izquierda, quien, desde hace unos años, afronta un lawfare o persecución judicial promovida por fiscales y jueces derechistas amigos del empresario Mauricio Macri.
Aunque parezca inverosímil que alguna persona pueda caer en la irracionalidad propia de esta narrativa, el pistolero que intentó asesinar a Cristina Fernández, Fernando Andrés Sabag Montiel demostró que sí es posible.
El medio de derechas La Nación publicó un perfil de Montiel, en el que resalta que este sujeto en redes estaba afiliado a páginas y grupos de extrema derecha anticomunistas y de supuestos “caballeros templarios”, agrupación violenta proveniente de Europa con claros fines antiislámicos y xenofóbicos.
Sin embargo, el periódico mencionado no resalta estos detalles sino que más bien se enfoca en las apariciones televisivas de Montiel.
Otro de los escenarios en donde este tipo de campañas ha surtido efecto es en Venezuela.
El presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, es uno de los blancos del odio de la ultraderecha.
En agosto del 2018, el mandatario fue víctima de un intento de asesinato con drones durante un acto público realizado en la avenida Bolívar de Caracas.
Aunque varias corporaciones mediáticas y líderes de la derecha subestimaron el hecho, las investigaciones demostraron que un sector extremista vinculado al autojuramentado supuesto “presidente interino” Juan Guaidó y al prófugo Leopoldo López, junto al expresidente colombiano, Iván Duque, están detrás de este hecho, que ha sido financiado por Estados Unidos.
