Las comunidades indígenas de Paraguay parecen no ver fin al ilegal despojo de sus tierras, que ahora están en manos de terratenientes y grandes capitales.
Este conflicto, herencia desde el siglo XIX, se radicalizó durante la dictadura de Alfredo Stroesnner (1954-1989), cuando se regalaron de forma inescrupulosa 6.7 millones de hectáreas de tierras ancestrales a amigos y aliados del régimen, cifra que ha ido en aumento.
Tras la caída de Stroesnner, distintas etnias han reclamado sin éxito al Estado – gobernado mayoritariamente por el derechista Partido Colorado- su derecho a habitar en estos territorios.
Este 6 de septiembre, unas 80 familias y siete comunidades indígenas lideraron una movilización en Asunción para reivindicar su derecho a este legítimo reclamo.
Prensa Latina reseña que los demandantes, que se reúnen desde el 31 de agosto frente al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), en la avenida Artigas, reclaman justicia sobre esos territorios, así como otros derechos como salud y educación.
“No es la primera vez que salimos a las calles, pero siempre nos vamos con promesas oficiales que luego no se cumplen”, expresan los manifestantes, citados por el referido medio.
De igual forma, los voceros piden una mesa articulada con varios institutos y un compromiso real del Estado para solventar estas necesidades.
En Paraguay existen 21 comunidades indígenas con culturas e idiomas muy diferenciados. Los que habitaban en territorios fértiles, con bosques y aguas, fueron las primeras víctimas de despojos por parte de grandes empresarios de la soja transgénica y ganadería extensiva, con complicidad estatal, denuncia La Vía Campesina.
Para tratar de revertir esta situación, la resistencia indígena se mantiene en pie de lucha. Una de las batallas es la derogación de la Ley 6.830, conocida como la Ley Zabala-Rivera, que, bajo la fachada de una supuesta protección a la propiedad privada, criminaliza a las líderes indígenas que luchan por su legítimo derecho a sus tierras.
El marco legal aumenta de cinco a diez años de prisión a aquellos que invadan la “propiedad privada”, sin derecho a juicio. Las comunidades indican que este cambio se aprobó en menos de ocho días, bajo la fuerte presión de empresarios que inciden sobre las políticas públicas para favorecerse.
Ya activa la Ley, en septiembre del 2021, un conjunto importante de indígenas y trabajadores del campo fueron desalojados de sus tierras forzosamente. Tras este atropello, varios integrantes de estas comunidades sucumbieron a situación de pobreza extrema y ahora viven en total vulnerabilidad en las calles de la capital. Allí son víctimas de maltrato y explotación sexual.
Los indígenas denuncian que los desalojos ocurren sin previo aviso y son ejecutados por las Fuerzas Armadas que actúan a favor de los grandes capitales aliados al actual gobierno de Mario Abdo Benítez. Los efectivos llegan quemando las casas y demás instalaciones.
El latifundio en este país es uno de los principales problemas que ha afectado a todo el pueblo, en especial al indígena y campesino. El 2,5 % de la población paraguaya concentra el 85 % de las tierras agrícolas.
Desde el pasado año, estos sectores han realizado manifestaciones masivas para decir basta y piden al Estado justicia ante las constantes violaciones sistemáticas de Derechos Humanos.
