Para diciembre del 2002, la derecha venezolana venía de fracasar del golpe de Estado de abril de ese año. Fue una estrategia violenta que incluyó a la cúpula militar, mediática y empresarial que logró separar del poder al comandante Hugo Chávez por solo dos días. El golpe fue revertido gracias a la lealtad de varios militares y a la firmeza del pueblo venezolano que salió a las calles a restituir el orden constitucional.
Ante este nuevo fracaso, la derecha, reagrupada la autodenominada “Coordinadora Democrática”, trazó planes con Fedecamaras, organización que representa los intereses de la clase empresarial; la Cámara de Trabajadores de Venezuela (CTV), sindicato viciado que respondía a intereses de la oligarquía, y con los exgerentes de la nómina mayor de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para impulsar uno paro económico petrolero activado el 2 de diciembre del 2002. Con esta medida ilegal de fuerza lograron frenar por completo la actividad de explotación y exportación de crudo y parte de la actividad comercial del país. La idea era generar un caos económico y descontento social, el escenario perfecto para provocar la salida de Chávez.
Así lograron paralizar la red de refinación de crudo y, con ello, la de obtención y distribución de combustibles. A las pocas horas se comenzaron a registrar fuertes colas en las gasolineras, lo que trabó el normal desenvolvimiento del país.
Pequeños y medianos comerciantes ubicados en grandes centros tuvieron que cerrar sus puertas, por lo que se fueron a la quiebra y se quedaron sin trabajo. De igual forma, se paralizaron las actividades educativas y laborales de miles de personas, por lo que se vulneró derechos fundamentales.
Todo esto ocurría en medio de una paralización de la programación de entretenimiento habitual de los grandes canales de comunicación privados. Los dueños de estas corporaciones ordenaron activar una amplia promoción de mensajes de odio durante las 24 horas del día, que incluía llamados a marchas y concentraciones, debates en donde se difamaba y malinformaba sobre la realidad del país. Interrumpieron la emisión de telenovelas y series y, en conjunto con los dueños de equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, decidieron no realizar la correspondiente temporada, lo que generó un clima de zozobra y malestar general.
Los medios llamaban al pueblo opositor engañado a concentrarse en la Plaza Altamira, ubicada en la zona este de Caracas, donde, desde hace meses, se encontraban agrupados varios militares del alto mando que se rebelaron por órdenes de Estados Unidos, y que, desde la tarima, pedían la renuncia de Chávez. Fue en esa plaza donde Joao de Gouveia disparó indiscriminadamente, matando a tres personas e hiriendo a otras 28 personas. Los medios, en especial el canal Globovisión que estaba presente las 24 horas en la plaza, intentaron hacer ver que el sujeto fue mandado por el Gobierno, versión que fue rebatida por las investigaciones que determinaron que de Gouveia estaba vinculado a la extrema derecha.
“Alerto a los venezolanos. Está en marcha un plan que pretende como en abril, desestabilizar el país; pretende robarnos la Navidad; pretende desestabilizar la familia venezolana, pretende llenar de temores y de angustias a millones de venezolanos y venezolanas, a los jóvenes, a los niños que ya están pensando a estas alturas es en el Niño Jesús”, llegó a advertir el entonces presidente Hugo Chávez el 3 de diciembre del 2002.
A medida que pasaban los días, varios trabajadores comprometidos de Pdvsa – junto con excompañeros de trabajo- reactivaron las plantas de refinación de combustibles y retomaron el control de varios tanqueros varados en el Lago de Maracaibo, Zulia, para poner nuevamente en marcha la comercialización de petróleo y los métodos de obtención de gasolina y derivados, insumos necesario en la red venta de alimentos, medicinas y movilización de la clase trabajadora.
Ya para mediados de enero, la cúpula derechista veía una vez más derrotada su estrategia. Sin admitir su fracaso y ante las millonarias pérdidas en ingresos, los dirigentes de Fedecamaras comenzaron a “flexibilizar” la medida de fuerza y reactivaron el comercio. El 25 de enero del 2003, Carlos Ortega, presidente de la CTV, reconoció que no pudo ante la voluntad del pueblo trabajador venezolano: “El paro se nos fue de las manos”.
El 3 de febrero de ese año, a un día de celebrarse el 10mo aniversario de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero del 1992 liderada por Chávez, la cúpula golpista declara oficialmente su derrota. Sin embargo, ni un solo directivo y vocero de este sector se hizo responsable ante la justicia por los 20.000 millones de dólares en pérdida y contra el daño mil millonario a las instalaciones físicas de Pdvsa.
“Hemos derrotado el golpe petrolero, fascista, terrorista (…) Fue una conspiración mortal. Trataron de destrozar la industria petrolera venezolana, el corazón de la economía venezolana, la fuente fundamental de ingresos del país”, dijo Chávez en 2003 desde la refinería El Palito, Carabobo, una de las atacadas por la derecha.
Sin embargo, esos mismo grupo de conspiradores, bajo el financiamiento de Washington, siguieron durante años activando planes violentos al margen de la ley para acabar con el Gobierno Bolivariano: Saboteo electoral, ataques a la moneda con inflación inducida, recorte de producción de alimentos, promoción de sanciones, intentos magnicidas, acciones agresivas de calle (llamadas guarimbas), invasión con paramilitares y la instalación de un ilegal y ficticio gobierno para expoliar bienes de los venezolanos en el extranjero. Todas estas estrategias han fracasado ante la firmeza y convicción del pueblo venezolano.
Con los años muchos empresarios y emprendedores se han desmarcado de esta ala reaccionaria y se han sumado al diálogo propuesto por el hoy presidente Nicolás Maduro. Ha sido gracias a esa voluntad del Gobierno de dirimir las diferencias con la palabra que el país hoy registra un crecimiento económico en total tranquilidad.
