Los familiares y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, México, aun esperan por la justicia ante este hecho ocurrido en 2014 y calificado como uno de los más atroces registrados en este país.
Esta semana comenzó una agenda de actividades que clama por esclarecer definitivamente este caso, así como prisión a los verdaderos responsables, que, según el documento Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa – presentado en agosto pasado- implica a responsables de las altas esferas de poder, por lo que se trataría de un Crimen de Estado.
Una de las primeras actividades que realizaron los padres y madres de Los 43, así como normalistas y demás organizaciones sociales fue una ceremonia religiosa y colocación de una ofrenda floral en la autopista México-Acapulco, en donde efectivos de la Policía Federal asesinaron, el 12 de diciembre 2011, a Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, también de Ayotzinapa.
En el acto, según reseñan varios medios, los asistentes pidieron reabrir este caso, al que señalan como responsable al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, también señalado en el caso de los 43 desaparecidos, y quien hoy pretende desvincularse de cualquier posible participación en los homicidios.
Los familiares condenaron la inacción del gobierno actual en hacer justicia. Alegaron que, aunque existe un compromiso del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, exigen mayor celeridad y esfuerzo en esclarecer lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“No nos vamos a quedar con esas migajas que hasta ahora han querido ofrecer a los padres y madres, no es suficiente para los padres, no es suficiente detener a una persona cuando hay más de 80 órdenes de aprehensión nos quieren engañar con la detención de (Jesús) Murillo Karam (ex procurador de justicia de la República) y no lo vamos a permitir”, dijo Felipe de la Cruz, uno de los voceros, citado por medios internacionales.
Murillo Karam está detenido por ser uno de los responsables de la “Verdad Histórica”, una explicación falsa que ofreció el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con la que supuestamente se esclarecía el caso. Con la “Verdad Histórica” – que está muy lejos de ser verdad-, la exadministración buscaba desvincular elementos federales, como el Ejército, en el crimen en contra de los 43, en el que también actuaron otros niveles de poder, como el local, estatal junto con el crimen organizado.
La versión de Murillo Karim dice que en 2014 los estudiantes fueron detenidos por policías locales corruptos y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero en el estado Guerrero, al sur del país.
Organizaciones informan que desde el 12 al 19 también se llevan a cabo actividades en Iguala, Tixtla y Acapulco. Posteriormente, del 20 al 26 habrá actos en Ciudad de México, capital, y el 27 se llevará a cabo un acto en la Estela de Los Caídos, en la ciudad de Iguala, Guerrero, en donde se dieron los hechos.
El 19 de agosto de este año la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentó un informe en que se devela que hubo concertación oficial para atentar contra los estudiantes y ocultar los hechos.
También califica el caso como un crimen de Estado en el que está involucrada la policía de Iguala, el Ejército y la entonces Policía Federal. En palabras del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “no existe evidencia de que los estudiantes desaparecidos permanezcan con vida”.
El texto, de 97 páginas, reza lo siguiente: “(…) tanto las autoridades federales, estatales y municipales (Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional], CISEN [Centro de Investigación y Seguridad Nacional], Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras), estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes…[…] Esto acredita responsabilidades por acción, omisión o negligencia en las actuaciones gubernamentales al momento de presentarse los hechos de persecución, violencia y desaparición de los estudiantes en Iguala”.
La investigación además indica que tanto el Sedena como el CISEN contaban con intervenciones de comunicaciones de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos en la época de los hechos.
Entre las 3 y las 8 de la mañana del 27 de septiembre se presume que se dio la orden de ejecutar y desaparecer a los estudiantes, tras varios operativos de persecución cuando los normalistas se trasladaban en buses. Los jóvenes intentaban, un día antes, conseguir en varias localidades vehículos para trasladarse a Ciudad de México con el fin de participar en la histórica marcha del 2 de octubre que condena la matanza de Tlatelolco del 68, la más grave de este tipo en donde el Estado asesinó a 78 estudiantes y 31 quedaron desaparecidos.
El informe devela que cuatro días después, en Iguala, seis estudiantes aun estaban con vida y se encontraban secuestrados en una bodega de Pueblo Viejo. Sobre este hecho nadie hizo nada, reseña un medio español.
El 30 de septiembre, un tal Coronel ya se “había encargado” de esos seis estudiantes y ordenaría “limpiar todo”. El resto de normalistas fueron escondidos en diferentes puntos, reseña la prensa. Algunos de ellos fueron disueltos en ácido. Los que no podían ser ocultados fueron trasladados a tres ranchos: La Mina, Lomas de Coyote y Rancho del Cura y a las instalaciones del Ejército de Guerrero, el 27 Batallón.
Además de Murillo Karim, las investigaciones acusan al director de la Agencia de Investigación Criminal y jefe de las operaciones de la Fiscalía de aquella oportunidad, Tomás Zerón, hoy prófugo y refugiado en Israel. También acusa el subprocurador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia; y al encargado del despacho de esa institución, Hugo Ruiz. De igual forma fija responsabilidades al titular de la Unidad Especializada en Secuestro, Gualberto Ramírez.
La Fiscalía además libró 83 órdenes de captura a funcionarios del alto mando militar, personal de tropa, batallones, efectivos de la policía de Guerrero y de la municipal de Iguala. Además, se pidió la detención inmediata de 14 integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y de cinco autoridades administrativas y judiciales estatales.
En las Escuelas Normales de México se forman a educadores que atienden, mayoritariamente, al campesinado de ese país. Estos centros educativos nacieron de los ideales de la Revolución Mexicana a principios de siglo pasado, por lo que sus cursantes, llamados normalistas, se educan con un fuerte componente de justicia social que los ha convertido en blanco de persecuciones de la oligarquía de este país y sectores vinculados al crimen organizado.
