En su mal asumo rol de “policía del mundo”, Estados Unidos (EEUU) pretende seguir controlando a todos los países, especialmente a los de América Latina en donde ha fijado diversos intereses. Uno de sus enclaves ha sido Paraguay, país manejado desde hace más de 70 años por la clase política liderada por el derechista y aliado estadounidense Partido Colorado (PC) que respaldó a la dictadura genocida de Alfredo Stroessner.
El PC ha sido responsable de la galopante corrupción que impera en Paraguay y del esquema extractivista que afecta a su pueblo. Muchos de sus líderes, entre ellos el expresidente Horacio Cartés (2013-2018), han sido señalados de estar incurso en actividades ilegales, como malversación de fondos, tráfico de influencia, incluso narcotráfico.
La criminalidad que rodea a Cartes es tal que el año pasado EEUU lo sancionó y señaló de “significativamente corrupto” por sobornar a funcionarios, por lo que le revocó la visa y prohibió el ingreso a territorio estadounidense.
Ahora, con la asunción del colorado Santiago Peña, quien asumió el poder el 15 de agosto, EEUU pretende desvincular a Cartes del gobierno actual y debilitar su influencia en el Ejecutivo.
Así lo revela un documento confidencial que filtró el medio La Política On Line (LPO), un sitio web especializado paraguayo.
El documento denominado “Plan de Acción Integrado Interinstitucional Anticorrupción para Paraguay”, indica que Washington necesita que Peña se vea en la obligación de “elegir entre el Gobierno de EEUU y Cartes”, cita LPO. La intención – refiere el medio- es alinear a Paraguay con los “intereses de EEUU”.
El documento es una hoja de ruta que devela que el gobierno de Peña será un títere más de la Casa Blanca. Sin ambages, Washington cataloga a Cartes como una “presencia política corrupta que puede infectar al gobierno entrante”. Ante esto, EEUU se plantea “erradicar a la corrupción” que se sustenta en la impunidad de Paraguay.
Dice el texto que EEUU busca, a través de una “Teoría del Cambio” hacer borrón y cuenta nueva con Paraguay, país al que han tildado de “laboratorio político”. La meta es impulsar una serie de acciones “fuertes y unilaterales”, a través de la embajada norteamericana que conduce Marc Osfield, contra actores “claves” del entramado de corrupción.
La Casa Blanca valora la “sintonía” que mantuvo con el también expresidente colorado Mario Abdo Benítez para, presuntamente, avanzar en la materia. Cartes acusa a Abdo Benítez de haberlo entregado a las autoridades de EEUU.
LPO revela que una de las intenciones de estrechar lazos con Peña, y de tratar de mantener limpia su imagen – a pesar de venir del PC- es reforzar la postura injerencista de Paraguay a favor de Taiwan y en contra de China, ya que este país es uno de los pocos que reconoce a la isla asiática como una nación independiente de Beijing. Con esta táctica, EEUU estaría frenando la influencia china en la región.
Para lograr esto, Washington involucraría a varias de sus oficinas y agencias, como los Departamento de Estado, de Justicia, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Fundación Nacional para la Democracia (NED), Administración y Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigación y la Organización de Estados Americanos (OEA), todas instancias injerencistas que han promovido golpes de Estado en América Latina. El informe dice en su introducción que el plan para Paraguay es convertirlo en un “modelo” para otros países sin especificar.
El informe confidencial señala una serie de reuniones que ha llevado a cabo tanto Peña como integrantes de los Poderes Públicos de Paraguay con autoridades de EEUU. Incluso, el 9 de agosto, el entonces mandatario electo, antes de asumir, asistió a un encuentro privado en la embajada norteamericana en Asunción.
El país sureño está considerado como uno de los más corruptos, desiguales y con mayor pobreza (18 %) en la región.
Aunque estos males se exacerbaron con Cartes, su gobierno no fue génesis de ellos, como lo intenta hacer ver Washington en su reporte. El esquema expoliador, corrupto y latifundista se originó durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), régimen ultraderechista impuesto, financiado y amparado por EEUU. Durante esos 35 años – marcados por las violaciones de derechos humanos- se promovió el clientelismo entre militares y políticos de alta influencia que acumularon enormes cantidades de tierras para el agronegocio de trasnacionales. Así, se configuró una clase política oligárquica corrupta que se dedicó, durante décadas, a arrebatar tierras a los pueblos indígenas y a engordar sus arcas. Estas élites, en su mayoría del PC y aliados de la Casa Blanca, se han mantenido en el poder, gracias a la influencia que mantienen en los medios de comunicación, desde donde dirigen campañas de manipulación y propaganda para que el pueblo les respalde en elecciones.
