Luego de la aprobación de la ley del Censo en la Cámara de Diputados de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, y 3.000 millones de dólares en pérdidas, varios fallecidos y heridos por las confrontaciones, la derecha agrupada en Santa Cruz decidió levantar el paro luego de 36 días de haberlo activado.
La medida, tachada de golpista por el pueblo boliviano, líderes y representantes del Gobierno, era promovida por la gobernación de esa región, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, entre otros.
La derecha en la Cámara no logró cambiar la fecha del censo para el 2023, el cual se realizará el 23 de marzo del 2024.
El Artículo Único del instrumento legal expresa que sobre la base de los datos oficiales del ejercicio censal emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria en septiembre de 2024.
Añade que el INE remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda conforme a la fecha antes mencionada, para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, “conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente”.
Establece el texto que esos resultados se aplicarán en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, informa Prensa Latina.
El visto bueno de la mencionada ley, generó el rechazo del expresidente de ese país y líder del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Evo Morales, quien expresó: “Los llamados traidores renovadores no solo pactaron con la derecha para aprobar la ley del censo. Se sometieron a la orden de Tuto Quiroga [expresidente de derecha del país] que instruyó al Comité Pro Santa Cruz que ‘ley mata decreto’. Así, mataron la autoridad del decreto y la palabra del hermano presidente Luis Arce”.
Morales hace referencia al decreto aprobado por el mandatario el pasado 13 de noviembre, que estipula el censo para la misma fecha que expresa la ley recién discutida en la Cámara Baja.
“La suspensión del paro impuesto por la oligarquía cruceña en complicidad con un sector del gobierno, prueba el acuerdo entre traidores y masacradores. En vez de detener a Camacho por atentar contra la vida y la economía, insisten en premiarlo con la ley del censo”, agregó el exmandatario.
En otro mensaje, Morales advierte que con lo sucedido en el Legislativo, “la megacoalición ha vuelto”. “Aunque el pueblo trabajador espera medidas que reviertan los efectos del paro que hundió su economía, los operadores del pacto con la derecha en el Legislativo están más preocupados por garantizar impunidad y continuidad política para los golpistas”.
Por albergar un gran número de grandes y medianas industrias, el departamento Santa Cruz, localizado al sureste del país, está considerado como el motor económico de Bolivia. A la vez, es uno de los bastiones que la derecha ha usado para activar planes golpistas desde la llegada del proceso de cambio en Bolivia liderado por el MAS en 2006.
Ha sido desde Santa Cruz en donde, durante años y con el apoyo de Estados Unidos, se han promovido movimientos secesionistas con cortes racistas y discriminatorios contra la población indígena, que ha sido víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Como una forma de presionar al mandatario Arce para la realización del censo en 2023, el Comité Pro Santa Cruz – ligado a las Juventudes Cruceñistas, una facción violenta y racista de la derecha- y el gobernador Camacho, tachado como atizador de la agresión política, activaron un paro con rasgos golpistas el 22 de octubre.
Luego de varias semanas de la puesta en marcha de esta medida de fuerza, al menos cinco instituciones del Estado (Vías Bolivia, la Terminal Bimodal, Naabol -Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos-, la Administradora Bolivia de Carreteras y Boliviana de Aviación) perdieron más de 370 millones de dólares, informó este sábado el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño.
Por su parte, el sectores agro perdió 220 millones de dólares, las ventas por mayor y menor se depreciaron en 205 millones; transporte y almacenaje, 111 millones; la construcción en 85 millones y turismo 75 millones.
De igual forma, el paro – que Calvo consideró “un éxito”-impactó sobre la inflación y el desempleo, así como en la salud y educación en la región.
Asimismo, debido a la violencia activada por grupos de la derecha en Santa Cruz, se contabilizan cuatro muertos y más de 170 heridos.
Aun y con la ley aprobada y el paro ya desactivado, Calvo dijo que se mantendrán en “vigilia” ante una posibilidad de que el Senado demore la próxima votación.
Foto principal: Cámara de Diputados
