La Secretaría argentina de Derechos Humanos cuestionó este jueves 15 de diciembre la convalidación del lawfare (persecución judicial) contra la dirigente social Milagro Sala, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), organismo que ratificó la condena de 13 años de prisión contra la líder indígena.
En un comunicado, la secretaría señala que la CSJ rechazó un recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Sala por violaciones al debido proceso.
El dictamen, que fue avalado por los cuatro ministros que constituyen la CSJ, está sustentado en “argumentos formalistas para desestimar la presentación y evitó así expedirse sobre la cuestión de fondo”, señala el organismo en un comunicado divulgado en su portal web.
Por esta causa, a Sala, luchadora social y fundadora de la Organización Barrial Tupac Amarú en Jujuy (norte del país), se le acusa de supuesta “asociación ilícita, fraude y extorsión”, en un proceso en el que se le han violado las garantías judiciales.
Se trata de una condena ilegítima que convalida “la actuación de las autoridades judiciales de Jujuy en la persecución a la dirigente social y las violaciones a las garantías del debido proceso, situación que compromete al Estado argentino en su responsabilidad internacional”, agrega el texto.
Los constantes señalamientos contra Sala datan del año 2009, y son hechos por parte del entonces y aun gobernador de esa región, Gerardo Morales, aliado del expresidente Mauricio Macri. Este sector ha confeccionado expedientes políticamente motivados contra la luchadora, en una clara intención de silenciar los actos de Tupac Amarú.
“Como ha denunciado esta Secretaría en varias oportunidades, en Jujuy se instaló el laboratorio del lawfare —a partir del gobierno de Mauricio Macri (…)— destinado a perseguir a opositores políticos mediante la utilización del sistema penal y mediático, como se comprobó días atrás con la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández”, agrega la secretaría.
Antes de llegar a la Corte, la defensa busco revertir la condena en la Cámara de Casación y en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, instancias que rechazaron los recursos, indican medios locales. Posteriormente, los abogados de Salas pidieron nulidad de la causa ante la CSJ. Sostuvieron, entre otros argumentos, que la acusación no fue precisa y que el tribunal inicial rechazó a testigos importantes para la defensa, entre otros hechos irregulares.
La condena de la CSJ entra en vigor en lo inmediato. Actualmente, la dirigente se encuentra detenida desde 2016 y pasó a prisión domiciliara en 2017, tras una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A través de su organización, Sala ha construido miles de viviendas, centros de producción y educativos para los más vulnerables en Jujuy.
