La derecha y sectores políticos reaccionarios de Latinoamérica no descansan en su afán de instaurar y perpetuar sistemas neoliberales y pro-imperiales en el poder. Cuando no son parte de él, estos sectores no dejan de planear estrategias para llegar por todas las vías a gobernar.
Centroamérica es una de las zonas predilectas para ensayar y concretar estos planes, y precisamente por ello varios países de la región están actualmente afrontando un escenario convulso marcado por las protestas masivas y la poca estabilidad social.
Uno de estos países es Guatemala, en donde la élite gobernante intenta, por la vía judicial, socavar los resultados de las elecciones presidenciales pasadas en las que resultó electo el abanderado del movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, considerado una voz disidente contra la tradicional burguesía gobernante.
Los ejecutores de los planes golpistas son la fiscal general, Consuelo Porras, y sus compañeros Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez Fredy Orellana, a quienes acusan de judicializar el proceso electoral y quebrantar la democracia.
El origen de todo radica luego de la primera vuelta en junio pasado, en la que Arévalo logró pasar sorpresivamente al balotaje como el segundo más votado con el 15.51% de los votos, seis puntos menos que la ganadora Sandra Torres (de la Unidad Nacional de la Esperanza), quien sacó 21.10%.
A partir de esos resultados- y en pleno período intercomicial- Orellana, en componenda con los fiscales, intentó proscribir a Semilla, acusándolo sin pruebas de forjar firmas para la conformación del partido.
Sin embargo, la Corte Suprema habilitó al partido, decisión que le dio luz verde para continuar en la contienda. No obstante, una vez conquistada la victoria de Arévalo -con un aplastante 60.90% frente al 39.10 de Torres-, el pasado 2 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral inhabilitó a Semilla con una decisión que no llega a revocar los resultados pero que busca impedir que el ganador asuma la silla presidencial en enero próximo.
En medio de todo esto, Arévalo ha denunciado un golpe y ha señalado como uno de los intelectuales al actual mandatario, Alejandro Giammattei, y a los políticos tradicionales, que son en su mayoría rechazados por el pueblo por los altos índices de corrupción.
“Hacemos un llamado al Ministerio Público y del Organismo Judicial para que cese toda acción para burlar la voz del pueblo libremente expresada en las urnas”, declaró Arévalo durante una conferencia de prensa en la Ciudad de Guatemala, realizada el pasado 2 de noviembre. “Los resultados son definitivos e inalterables (…) Sin embargo, los guatemaltecos tenemos que estar listos para defender los resultados frente al asalto legal y espurio del Ministerio Público, si es que sigue ocurriendo”, añadió.
Estas artimañas de la derecha desataron una ola de protestas en todo el país, en donde se han registrado durante semanas marchas, paros, trancas y movilizaciones exigiendo la renuncia de Porras, demás fiscales y jueces derechistas.
Uno de los sectores más activos han sido los pueblos indígenas. Integrantes de estas comunidades realizan un plantón desde el 2 de octubre frente a la sede del MP en la capital, al que se han sumado bomberos y transportistas. Desde ahí piden respeto a la democracia y exigen la dimisión de la fiscal general.
De espaldas a medioambiente
Igual que los guatemaltecos, el pueblo panameño está en las calles y en paro desde el pasado 20 de octubre. En este caso, los ciudadanos piden a la élite gobernante respeto a su soberanía ante los planes extractivistas de una firma minera transnacional canadiense que busca aumentar su explotación de cobre en el mayor yacimiento a cielo abierto de Centroamérica ubicado en Colón, expansión que provocaría una catástrofe ambiental.
Se trata de First Quantum Minerals Ltd, presente en Panamá a través de la local Minera Panamá. Desde 1997, esta firma viene operando en este país, a través de una licitación otorgada sin medir los daños medioambientales. Ello provocó una protesta por parte de la sociedad y en 2009 movimientos sociales introdujeron una demanda. En 2017 se produjo un fallo en contra del contrato por inconstitucional, que salió publicado en 2021 en Gaceta, luego de cuatro años de burocracia y retraso procesal.
Raisa Banfield, presidenta de Panamá Sostenible, contó a BBC que posteriormente las negociaciones con la filial canadiense se iniciaron en enero de 2022 a puerta cerrada. Hasta que en marzo de 2023 se anunció el acuerdo sin participación ciudadana. Este hermetismo volvió a generar molestia en el pueblo y por tanto se exigió que lo pactado se sometiera a consulta popular.
“Se hicieron tres debates en la Asamblea Legislativa y se consultó a los pueblos relacionados con la actividad extractiva, quienes expresaron su profundo y generalizado rechazo. El gobierno devolvió el contrato con algunas mejoras, en vez de derogarlo. Al final, la Asamblea aprobó la Ley 406 en 72 horas y la noche del 20 de octubre el presidente la promulgó, desconociendo la voluntad de la gente”, dice la activista, citada por el medio británico.
Lo acordado a espaldas de los panameños otorga a la corporación la explotación por 20 años prorrogables. Ante esto, los ciudadanos plantaron su fuerte postura en las calles y han llamado a paro de actividades comerciales y escolares, lo que ha generado a un país semi-paralizado en donde encontrar comida y otros insumos se ha vuelto una calamidad en algunas zonas.
Para tratar de frenar el descontento, el presidente Laurentino Cortizo ha anunciado para diciembre una consulta popular de la Ley 406 y un decretó una moratoria minera, con la intención de prohibir nuevas concesiones. Asimismo la Asamblea Nacional aprobó este 1ero de noviembre un artículo que deroga el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá. No obstante, estos anuncios no han tenido buena acogida por parte de la población que además reclama por la poca transparencia de los demás contratos públicos del sector (15 vigentes y 103 en discusión), y condena la creciente corrupción, la falta de representatividad en la política y el costo de vida.
El gobierno defiende que la nueva contratación genera 8.000 empleos directos, 40.000 indirectos y 375 millones anuales al país, lo que representa diez veces más que el acuerdo anterior. Los movimientos sociales, ambientalistas y ciudadanía en general, por su parte, denuncian el alto coste medioambiental, ya que se trata de una mina de 12.000 hectáreas ubicadas en el corredor biológico mesoamericano. De igual forma, alertan que el acuerdo violenta la soberanía de Panamá, ya que le otorga a Minera Panamá jurisdicción especial.
Ahora, Panamá se encuentra entrampada en un callejón sin salida, porque el incumplimiento de contrato podría conllevar a una millonaria demanda en arbitraje internacional por parte de la trasnacional.
Con el pasar de los días la presión en las calles sigue en aumento y pequeños grupos violentos en las manifestaciones – que en su mayoría son pacíficas- se enfrentan a la policía, lo que ha generado detenciones y heridos. Este 7 de noviembre, se registraron dos muertos productos de impacto de bala, al parecer de un tercero y no por agentes de seguridad, reseñan varios medios.
Candidatura salvadoreña ilegal
La ultraderecha en El Salvador también insiste en torcer la ley para perpetuarse en el poder.
El presidente de ese país, Nayib Bukele, quien se ha presentado como una tercera vía «solucionadora» a los problemas de vieja data de dicha nación – como la inseguridad-, se ufana de su supuesta popularidad, violentó la Carta Magna salvadoreña y se presentó como candidato a la reelección, con miras a lograr otro mandato el 4 de febrero del 2024.
La propuesta a otro período presidencial del líder del partido Nuevas Ideas ha sido aceptada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados – electos por un Congreso dominado por el oficialismo- interpretaron a su modo el artículo 152 de la Carta Magna que reza que “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”.
El régimen de Bukele ha logrado posicionar la idea de que la represión es la única forma para acabar con la delincuencia. Así, desde el 2022 ha impuesto un estado de excepción que le permite al presidente gobernar por decreto. En 19 meses ha logrado encarcelar a 71.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas Mara Salvatrucha o al Barrio 18. Sin embargo – según reseña el país- 6.000 de los detenidos son integrantes de ONG y activistas medioambientales que denuncian las arbitrariedades y violaciones de Derechos Humanos.
El diario El País reseña el testimonio de Vidalina Morales, la líder de la Asociación de Desarrollo Económico Social Ades, cuyo hijo de 34 años fue detenido injustamente y acusado de ser pandillero, solo por vestir pantalones cortos y llevar un alias o sobrenombre que sus amigos le pusieron de pequeño. “La activista, de 55 años, con una trayectoria de décadas en la lucha ambientalista, protestó por la detención y, con el apoyo de su comunidad, logró que su hijo saliera de la cárcel. La Fiscalía certificó que, durante la detención y el encierro, el joven fue golpeado por los policías”, cita el medio.
En esta línea también se ha manifestado la organización Socorro Jurídico Humanitario, asentada en San Salvador, la capital. “El régimen de excepción no es parcializado, no es únicamente para delincuentes. Han capturado a personas que están organizadas, hablo de sindicalistas, representantes de trabajadores del sector informal, defensores del medio ambiente, personas que denuncian corrupción y nepotismo, o que denuncian narcotráfico”, detalla Ingrid Escobar, directora de la ONG.
