El proyecto de Paz Total para Colombia del presidente Gustavo Petro se encuentra en una nueva encrucijada.
Luego de conocerse el asesinato de cuatro menores indígenas en el departamento de Putumayo (sur del país), el Gobierno colombiano decidió suspender, de forma unilateral, el cese al fuego con el Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (EMC-Farc) que operan en dicha región, además en Meta, Caquetá y Guavire; sin embargo, mantiene las negociaciones con el resto de grupos de organizaciones armadas, incluyendo las células del EMC-Farc que operan en otros departamentos.
“El día de ayer se conoció el asesinato de cuatro menores de edad por el frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central. Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”, expresó la Presidencia en un comunicado.
La decisión, que entra en vigor en las próximas 72 horas, se tomó luego de una reunión entre Petro, el ministro de las Fuerzas Armadas, Iván Velásquez, el alto mando militar y delegados de las comunidades, agrega el texto, que, además aclara que las acciones militares se realizarán bajo el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
“Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”, añade el comunicado.
El Gobierno también informa que para suspender el cese al fuego se convocaron a los delegados de la EMC-Farc, que se excusaron de asistir. No obstante, Petro invita a los delegados de esta organización – en donde no hay cese al fuego- a la ratificación de su participación en el mecanismo de negociaciones. De igual forma, anunció que en las próximas horas compartirá los nombres de sus integrantes en la mesa de diálogo.
El jefe de Estado explica que en las conversaciones se abordará el fortalecimiento del cese de hostilidades con carácter territorial, así como las transformaciones con justicia social.
A su vez, añadió que las comunidades “históricamente negadas en sus derechos en donde es ausente el Estado suplican para que haya justicia y cese la violencia armada. Las escuchamos, no están solas”.
“El Gobierno no es ajeno a sus llamados, razón por la cual no renunciaremos a trabajar por la paz y hacer presencia de manera integral en todos los territorios con las comunidades”, cierra el comunicado.
Por su parte, el EMC-Farc respondió en otro comunicado que esta acción por parte de Petro “desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”.
Asimismo, se desmarcan de la autoría y responsabilidad de los asesinatos antes mencionados y refieren que siempre han demostrado su “voluntad de paz”.
El cese al fuego se había anunciado el pasado 31 de diciembre, cuando Petro comunicó que se había concretado el fin de las hostilidades con cinco grupos armados: EMC-Farc, Segunda Marquetalina – consideradas disidencias de las antiguas Farc-EP-, El Clan del Golfo, las Autodefendas de la Sierra Nevada y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua aun activa en ese país.
La Paz Total para la nación neogranadina ha sido una de las metas principales del programa de gobierno de Gustavo Petro, que comenzó en agosto del 2022.
La idea es la pacificación total de este país sucumbido en una guerra civil entre las Fuerzas Armadas y grupos armados ilegales desde hace casi 70 años, lo que convierte en la nación con el conflicto armado más longevo del continente. Los inumerables enfrentamientos han causado millones de desplazados – internos y externos- durante décadas, así como miles de muertos y familias enlutadas.
En 2016 se dio un importante paso hacia la pacificación, con la Firma de Acuerdo de Paz entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de entonces Juan Manuel Santos, con el que se logró desmovilizar a una buena parte de esta guerrilla. Sin embargo, quedaron grupos disidentes con los que hoy negocia Petro.
El presidente de la organización Indepaz, Camilo González Posso, advirtió que la suspención del cese al fuego es “una grave crisis” que tendría que solucinarse en los próximos días con el “nombramiento de delegados a las conversaciones, activación del mecanismo de verificación, inclusión de una manera clara del cese de hostilidades a la población civil y, sobre todo, proyectarlo hacia el segundo semenestre y el principio del 2024, ojalá de manera indefinida, con una agenda bien establecida”.
Por su parte, el exguerrillero y líder de las antiguas Farc-EP, Rodrigo Londoño – quien también dirige el partido Comunes-, rechazó el asesinato de los cuatro menores en Putumayo.
“Un diálogo serio de paz exige coherencia, voluntad y respeto por la población civil. Son pilares para lograr acabar la violencia. Pregunto a los grupos armados, ¿realmente quieren paz?”, expresó vía Twitter, en donde también pidió al presidente Petro salvaguardar la vida de varias familias de firmantes que habitan en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Georgina Ortiz en Vista Hermosa, en Meta (Centro).
“Las y los firmantes insistimos en que no somos actores dentro del conflicto armado, nos declararmos neutrales y exigimos el respeto al derecho a la vida”, reza un texto compartido por Londoño.
Según la organización Indepaz, desde que se pactó la paz en 2016 han sido ultimados 362 firmantes. Solo este año, han asesinado a 14 de ellos.
