Este sábado 26 de noviembre se instala la mesa de diálogo entre representantes del Gobierno Bolivariano y el sector más radical de la oposición, informó el jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, en su cuenta de Twitter.
En ese encuentro las partes firmarán el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, “que ha sido discutido de manera exhaustiva en Caracas con la facilitación del Reino de Noruega”, indica un comunicado firmado por Rodríguez.
“Este acuerdo crea un mecanismo práctico, dirigido a abordar necesidades sociales vitales y atender problemas de servicios públicos, con base en la recuperación de recursos legítimos, propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional”, añade la comunicación.
Así, los “recursos rescatados irán a reforzar el sistema público nacional de salud en equipamiento, recuperación de infraestructura, dotación de insumos, vacunas y medicamentos para el acceso a todo nuestro pueblo”, continúa el comunicado, que a su vez agrega que los fondos ayudarán a reforzar la red eléctrica, infraestructura escolar y las zonas afectadas por las recientes lluvias.
Estas conversaciones tomarán como partida el Memorando de Entendimiento firmado en agosto del 2021 en México, proceso que ha estado congelado debido al secuestro de Estados Unidos (EEUU) a uno de los participantes del Gobierno, el diplomático Alex Saab.
En esta nueva etapa, el Gobierno ratifica su pedido de liberación de Saab a la vez que informa la incorporación de la luchadora de derechos humanos, Camila Fabri de Saab.
Entre los puntos acordados por ambas partes en México está el fin de las 927 Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), mal llamada “sanciones”, impuestas por EEUU y la Unión Europea (UE), solicitud que ha sido constante por parte del Gobierno en todas las instancias internacionales, incluso con sus promotores.
Aunque la derecha sentada en la mesa ha afirmado que las MCU son aplicadas con exenciones a los sectores alimentación y salud y que solo afectan a los altos funcionarios del Estado, estas castigan fuertemente a la población, ya que el bloqueo – muy similar al que atraviesa Cuba desde hace 60 años – genera un marco “legal” que facilita el secuestro y saqueo de bienes y activos de los venezolanos en el exterior. Este panorama dificulta al pueblo su disfrute pleno a los derechos humanos, tal y como lo ha constatado organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sus entes y relatores.
En Venezuela, las MCU han “socavado el mismo fundamento de la vida social y el disfrute de muchos derechos humanos; en particular, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al acceso a la información y a los derechos laborales y económicos”, dijo la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, en un informe final presentado en octubre del 2021 durante un diálogo interactivo en Ginebra.
Douhan estuvo en el país previamente para la realización del documento presentado. “Debido a la complejidad de la situación, busqué encontrarme con la más amplia variedad de personas para escuchar su experiencia y sus conocimientos. Me reuní con funcionarios gubernamentales, diplomáticos, agencias internacionales, líderes de la oposición, organizaciones no gubernamentales, abogados, médicos, maestros, académicos, víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de empresas privadas y de la iglesia, así como gente común”, explicó, citada por la ONU en su página web.
La relatora concluyó que “el efecto devastador de las sanciones impuestas se multiplica por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento que afectan negativamente a los sectores público y privado, a los ciudadanos venezolanos, a las organizaciones no gubernamentales y a las empresas de terceros países”.
“La falta de maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gasolina, alimentos y medicinas, la creciente insuficiencia de trabajadores calificados, muchos de los cuales han abandonado el país en busca de mejores oportunidades económicas, en particular personal médico, ingenieros, maestros, profesores, jueces y policías, todo ello tiene un impacto enorme en todas las categorías de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo”, agregó.
Sin embargo, sobre las supuestas “exenciones” en la aplicación de las MCU por parte de EEUU y la UE, Douhan alertó recientemente que estas son ineficaces.
“Estamos seriamente preocupados por las profundas perturbaciones sociales, económicas y humanitarias causadas por las amplias y polifacéticas restricciones que emanan de los regímenes de sanciones unilaterales (…) que difícilmente pueden ser contrarrestadas y mitigadas por las excepciones humanitarias existentes, tales como alimentos, medicinas y equipos médicos, entre otros”, dice el texto, firmado por Douhan y publicado este 23 de noviembre por la Oficina del Alto Comisionado de DDHH la ONU.
La comunicación también está rubricada por el experto en DDHH, Obiora Okafor; y por Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación.
Por solo nombrar un ejemplo, Washington mantiene bajo su dominio a la estatal refinería Citgo, que funciona en el país norteamericano y con la que el Estado venezolano ofrecía programas de salud humanitarios a través de la Fundación Simón Bolívar. Debido a las sanciones, para finales de 2020, se habían contabilizado la muerte de seis niños que esperaban trasplantes.
A pesar de las más de 900 MCU, el Gobierno Bolivariano ha intensificado la atención social gracias a la ayuda de países hermanos como Cuba, China, India, Turquía, Rusia e Irán, naciones, en su mayoría sancionadas, que han enviado insumos de ayuda humanitaria a los venezolanos.
“Nosotros no hemos cesado pese a las sanciones criminales que han perseguido a Venezuela, a los medicamentos que los venezolanos necesitan. En el momento de lo peor de la pandemia, cuando era natural considerar que los gobiernos cooperarían para dar salud y protección a las familias y pueblos, al contrario, fue peor la persecución”, denunció el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en marzo pasado.
