El 11 de septiembre de 1973 significa un antes y un después para el pueblo de Chile. Ese día, tras un golpe de Estado tutelado desde Estados Unidos (EEUU), se instauró en el país suramericano la dictadura de Augusto Pinochet, uno de los regímenes más crueles jamás vivido que para su fin, en 1990, dejó a más de 40.000 víctimas, entre secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos.
Y aunque han pasado 33 años de que el pinochetismo no está legalmente en el poder, los políticos ultraderechistas que manejaron ese sistema se encargaron de dejar instauradas en el Estado las raíces del modelo represivo. A partir de entonces, Chile ha vivido en una pseudo democracia en la que privan los intereses del capital por encima de los del pueblo.
“El fin superior fue construir (imponer) una nueva forma de organizar a la sociedad chilena, que eliminó toda posibilidad del surgimiento de ideas como las que se desplegaron o se plantearon en el gobierno de la Unidad Popular” de Allende, dice Marco Kremerman, investigador para la Fundación Sol de Chile, citado en un artículo en El Mostrador.
Así, refiere el analista, a fines de la década de 1970, en medio de la represión, los militares y civiles del régimen de Pinochet – en especial el abogado y jurista Jaime Guzmán y el economista José Piñera, hermano del expresidente Sebastían Piñera, junto a los Chicago Boys- comenzaron a echar las bases para el “modelo chileno”, sustentado en un extremo neoliberalismo que arropó casi todas las áreas, y del cual aun Chile no se deslastra.
“Se creó una serie de instituciones y se impuso un proyecto cultural, político y económico que restauraría el poder de clase y el poder económico de la elite, que había visto bajar sus tasas de rentabilidad después de la Segunda Guerra Mundial. Chile fue el conejillo de Indias para ensayar la fórmula que permitiría oxigenar al capitalismo a nivel planetario. El neoliberalismo entraba en escena”, añade el especialista en Ciencias Económicas.
Fue durante la era del pinochetismo que se redactó la actual Constitución (1980) -la Carta Magna vigente más longeva de la región- que ha dado pie a programas de privatización de la educación, salud, tierras de pueblos originarios (mapuches), empresas públicas, pensiones (con las llamadas AFP, Administradores de Fondos de Pensiones) y que ha sido marco para la redacción de decretos que conllevaron a una precarización laboral. Estos esquemas se han mantenido y consolidado, con una que otra variante, durante décadas. A través de una campaña mediática, y en complicidad con los políticos de la Concertación – grupo de tradicionales partidos surgido a finales de los 80 y que se oponían de la dictadura-, el pueblo lo ha aceptado y normalizado, en un proceso que pasó del miedo, a la inercia y luego al convencimiento.
“Solo si no se tocaba el modelo (el patrón de acumulación) y la condena a la violación sistemática de los derechos humanos se traducía en un inofensivo discurso del «nunca más», los militares dejarían que la democracia del voto siguiera funcionando”, explica el académico.
Para sembrar este sistema – indica el autor- se necesitó del incremento de acumulación de capital, fuerza de trabajo al menor coste posible e instauración de un mercado de necesidades de bienes y servicios.
La primera etapa, acumulación del capital, comprendió la privatización de los servicios públicos (electricidad, agua, educación técnica-profesional y salud).
También acá entra la eliminación de la seguridad social – existente en el 95 % de los países del mundo- que dio paso en 1981 a las AFP. Estos consorcios amasan ganancias utilizando las cotizaciones de los trabajadores para sus pensiones futuras. Los recursos captados se capitalizan entre los grupos económicos, “invirtiendo en acciones y bonos para que éstos puedan crecer y reproducirse. Vale decir, capital fresco, casi a costo cero, proporcionado por todos los chilenos que cotizan”, dice Kremerman.
Para cumplir con el objetivo de crear fuerza de trabajo barata, el gobierno militar ideó y promulgó en 1979 el Plan Laboral, código diseñado por José Piñera que se fundamentó en cuatro pilares: huelga que no paralizaban, negociaciones colectivas descentralizadas, libertad sindical con paralelismo, y despolitización de los sindicatos. Este marco legal atomizó a los movimientos de la clase obrera – que se venían fortaleciendo durante la era de Allende- y concentró todo el poder en la élite empresarial. Aunque ha habido códigos posteriores en esta materia, la sociedad chilena sigue siendo víctima del impacto de este plan ideado en dictadura.
Dinero fácil para la oligarquía
Fueron muchos los que pusieron en duda el modelo neoliberal pinochetista durante la pandemia del coronavirus en 2020. Las cuarentenas y cierres dispararon el desempleo y los trabajadores con facturas que pagar – especialmente los servicios-, no podían disponer fácilmente de sus fondos de jubilación, ya que éstos están manos de empresarios. Fue gracias a una reforma constitucional, aprobada en el Congreso – con el voto de la izquierda-, que el pueblo pudo retirar su dinero para paliar la crisis, decisión que encontró una fuerte oposición en los dueños de las AFP.
El vocero de la Coordinadora No+AFP Luis Mesina destacó en 2020, durante un webinar realizado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que el Covid19 ha evidenciado el desastre del modelo de privatizaciones impulsado a partir de los años 1980 por EEUU, Reino Unido, sectores reaccionarios de la Iglesia, liderados por Juan Pablo II y organismos multilaterales.
“Chile es la mejor expresión de un Estado capturado por el mundo privado. Pero aun antes de la sacrosanta alianza entre (Ronald) Reagan, (Margaret) Thatcher y Juan Pablo II en 1981, ya en 1979 en nuestro país se había promulgado el famoso Código Civil de Trabajo. Y a fines de 1980, el sistema privado de pensiones. Pinochet y su régimen cívico-militar en eso fueron absolutamente adelantados”, expresó citado por ISP.
Mesina alertó que este proceso de despojo fue más lejos que en otros países de la región. En Chile el neoliberalismo gestado en la era de Pinochet puso grandes fortunas en los bolsillos de muy pocos. Debido a las AFP, “las inversiones de los grandes capitalistas chilenos se hacen con el financiamiento del ahorro previsional de los trabajadores”, denunció.
Sequía corporativa
Un cuadro similar atraviesan los servicios básicos especialmente el agua. Todo el marco legal creado por Pinochet y sus asesores ha favorecido a las corporaciones forestales, de la minería extractivista, agroindustria y a empresas termoeléctricas e hidroeléctricas. Tanto el Código de Aguas, de 1981, como la Constitución estipulan la propiedad privada del recurso.
Las autoras e investigadoras del libro «El negocio del agua: cómo Chile se convirtió en tierra seca», Tania Tamayo y Alejandra Carmona, advirtieron a BBC en 2020 que hay fuertes grupos económicos en zonas rurales y campesinas que, como tienen la propiedad del agua, han aprovechado ese poder para perjudicar a sectores vulnerables.
Para 1981, bajo la dictadura, varias corporaciones privadas se enlistaron para adquirir gratuitamente títulos para el uso de agua. Carmona especifica que desde entonces, estas empresas comenzaron, hace muchos años a revender los certificados a otras más pequeñas, práctica aun vigente que crea un mercado privado sobre un recurso tan sensible que enmarca a un Derecho Humano. Este vergonzoso fenómeno no se ve en otro país latinoamericano.
Los gobiernos post-pinochetistas de las élites y partidos tradicionales han asegurado que cualquiera puede usar el agua de forma gratuita y sin necesidad de permisos, en caso de particular. No obstante para riegos sí necesita un título, difícil de pelear cuando el 89,1% de la distribución del líquido está en manos de tres grande consorcios, tal y como denunció Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, en el webinar del ISP.
Educación en emergencia
La educación es otras de las áreas que aun padece del efecto neoliberal que dejó Pinochet. El régimen implementó la descentralización, la munipalización y privatización de la formación, lo que devengó en fracaso, inequidad y precarización escolar.
“El Estado se desliga de su responsabilidad administrativa y la traspasa a los diferentes municipios y a los sostenedores particulares”, explican Alberto Moreno-Doña y Rodrigo Gamboa Jiménez, en su trabajo “Dictadura Chilena y Sistema Escolar: a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación”. Así, se “produce una disminución significativa de los salarios profesionales, aumentando la inseguridad laboral y la desvalorización del colectivo docente”, detallan.
Esto trajo consigo “la disminución de horas de trabajo y eliminación de alguna asignatura por imposibilidad de cobertura debido a causas económicas”. El cambio fue tan perjudicial que comenzaron a marcarse “las diferencias entre la educación pública y privada, entre los que tienen más y los que tienen menos, debido a que los planes y programas se transformaron en el mínimo obligatorio para las instituciones con más recursos, las privadas, y el ‘techo’ para las más desfavorecidas, las públicas”, explican Moreno-Doña y Gamboa.
En cuanto a la descentralización, que dejaba a manos de las comunidades la toma de decisiones, generó un contraste entre los centros ubicados las zonas más pudientes y los localizados en regiones más desposeídas, ya que las familias con más necesidades no podían dedicar tiempo a esta tarea.
A esto se suma la imposición de vauchers o subsidios, que consiste en entregar recursos a todo aquel que quisiera instalar una escuela, dinero que depende del número de niños que asisten. Este esquema vio su máxima expansión en la pseudodemocracia, específicamente en la era del gobierno de Eduardo Frei (1994-2000). Bajo esta modalidad, supuestamente se permite a las familias “elegir” la educación que quieren para sus hijos, pero en realidad ha tenido el efecto opuesto.
“El problema que se deriva de esto es que los colegios públicos no compiten solo entre ellos, sino que también compiten con colegios privados que reciben subvenciones públicas, bajo el mismo mecanismo, pero que también cobran por matrícula y por mensualidad”, explicó a La Nación Recaredo Galvez, especialista en educación de la Fundación Sol de Chile.
Esto trajo como consecuencia que las instituciones públicas quedaran fuera del “mercado” y, por ende, los alumnos con menos recursos tuvieran que abandonar la educación al verse imposibilitados de pagar una eduación privada.
El gobierno militar enclavó este modelo neoliberal educativo con la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza en 1990, justo antes de irse. Asimismo, los partidos de la Concertación decidieron continuar aplicando el modelo pinochetista. La élite gobernante “no sólo no detuvo la tendencia economicista de las políticas instauradas durante la dictadura, sino que las acentuó, proponiendo modificaciones curriculares sin penetrar en la estructura profunda que mantenía, y mantiene, un sistema educativo desigual y segregador”, dicen Moreno-Doña y Gamboa.
En 2006 se registró en Chile una serie de manifestaciones estudiantiles denominada la Revolución de los Pingüinos, con la que se buscaba dejar atrás la mercantilización de la enseñanza y declarar la gratuidad universal de la educación en todos sus niveles. En 2009, la entonces presidenta Michelle Bachelet promulgó un nuevo marco legal que dejó sin efecto la ley de 1990, pero no logró concretar cambios profundos, puntualmente en la democratización de la formación.
En 2017 – durante el segundo mandato de Bachelet – se dieron pasos importantes a la proscripción de la dañina municipalización.
Durante todos estos años, la mediática mundial, políticos y expertos de ultraderecha han pretendido vender como un éxito lo que denominan el “milagro chileno”. Sin embargo estos voceros obvian que el extremo neoliberalismo en ese país se ha traducido en mayor desigualdad, pobreza y violación de derechos fundamentales tales como el libre acceso del pueblo a la educación, al agua, a la salud y en un sistemático despojo de los pueblos mapuches a sus tierras.
Frente a esta realidad, se han registrado en estas décadas hitos de protestas de pueblos en las calles que han sido fuertemente reprimidas por el Estado pinochetista, tal y como pasó con la movilización estudiantil en 2008 y el estallido del 2019. Con este último se buscaba aprobar una nueva Carta Magna que dejase atrás la impuesta por el dictador. Lamentablemente, para el plebiscito del 2022 no se pudo lograr esta meta ya que se impuso la manipulación de la derecha.
Así, el famoso “milagro chileno” no es más que la dictadura del capital de Pinochet instaurada y vigilada, a su vez, por Washington. Para comienzos del año 1990, desde el Palacio de la Moneda se les instruyó a la naciente clase política que nada debe tocarse, nada debe cambiarse.
